Putumayo | EL ESPÍA
La situación jurídica de Orlando Aníbal Guerra de la Rosa, actual Procurador Delegado con funciones de intervención ante la JEP, abre una discusión de cara a una eventual candidatura a la Gobernación del Putumayo para el período 2028–2032.
El artículo 111 de la Ley 2200 de 2022 establece una inhabilidad para quien haya desempeñado el cargo de procurador delegado en el respectivo departamento durante los 12 meses anteriores a la elección. La norma también contempla restricciones para quienes hayan ejercido como empleados públicos o autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo departamento.
El punto determinante en el caso de Guerra está en el alcance territorial de sus funciones. Su actual cargo corresponde a la intervención del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y no a una Procuraduría Delegada territorial del Putumayo.
Por esta razón, el solo hecho de ocupar actualmente esa delegación no permitiría concluir automáticamente que esté inhabilitado para aspirar a la Gobernación del Putumayo. La eventual configuración de una inhabilidad dependería de las funciones efectivamente ejercidas y de su correspondencia con las causales previstas en la Ley 2200.
Bajo esta interpretación jurídica, si Guerra no ejerce durante el período inhabilitante autoridad política, civil o administrativa en el Putumayo, podría sostenerse que no está obligado a renunciar con 12 meses de anticipación exclusivamente por su actual cargo ante la JEP.
Las elecciones territoriales de 2027 están previstas para el 31 de octubre, por lo que una eventual renuncia el 30 de julio de 2027 se produciría aproximadamente tres meses antes de la jornada electoral. No obstante, la fecha y condiciones de inscripción deberán confrontarse con el calendario electoral oficial y con las demás reglas de inhabilidades aplicables.
El caso de Orlando Guerra, por tanto, queda sujeto a una discusión estrictamente jurídica: si su actual cargo y las funciones que desempeña encajan o no en las causales de inhabilidad previstas para quienes aspiran a gobernar un departamento.
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