Bogotá, Cundinamarca | EL ESPÍA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular presentada por Darío Revelo Gómez contra la Nación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el INVIAS, por la situación que afecta el avance de la Variante San Francisco–Mocoa.
La decisión fue adoptada el 4 de septiembre de 2026, dentro del proceso con radicación 25000-23-41-000-2026-01360-00, luego de que el accionante subsanara las observaciones formuladas por el Tribunal.
La acción busca la protección de derechos e intereses colectivos ante la presunta amenaza y/o vulneración derivada de las restricciones de vigencias futuras, que, según la demanda, mantienen el avance físico de los contratos 1111 y 964 de 2021 por debajo del 30 %, después de cuatro años de ejecución del proyecto vial.
El Tribunal señala que, según lo expuesto en la acción, esta situación estaría relacionada con elevados índices de siniestralidad y emergencias en el corredor, entre ellas derrumbes, deslizamientos que provocan cierres totales de la vía, desbordamientos de quebradas y bloqueos ocasionados por material de arrastre.
Como parte del trámite, el Tribunal ordenó notificar a las entidades demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, además de correrles traslado por diez días.
También dispuso informar a la comunidad sobre la existencia de la acción popular y ordenó a las entidades demandadas publicar en sus páginas web institucionales el aviso correspondiente, junto con el enlace para consultar la demanda y el auto admisorio.
El accionante, entretanto, tendrá cinco días para aportar las constancias que acrediten la remisión simultánea de la demanda y su subsanación a las entidades accionadas.
La decisión fue firmada por el magistrado Fabio Iván Afanador García.
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