Mocoa, Putumayo | EL ESPÍA
La millonaria contratación de UNIPUTUMAYO, por más de $24.076 millones, quedó bajo escrutinio judicial. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa admitió una acción popular que cuestiona las condiciones de una licitación pública y ordenó que la existencia del proceso sea divulgada ante la comunidad mediante un medio masivo de comunicación.
La demanda fue presentada por Darío Revelo Gómez, quien cuestiona posibles restricciones a la libre competencia, así como riesgos para la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, por los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en la Licitación Pública UNIPUTUMAYO-LP-004-2026.
Entre los aspectos controvertidos figuran los requisitos de experiencia, indicadores financieros, códigos UNSPSC, estudios previos y condiciones de conformación del equipo de trabajo, que según el accionante podrían limitar injustificadamente la participación de potenciales oferentes.
La orden de mayor trascendencia pública está contenida en el punto séptimo del auto: el juzgado dispuso publicar un aviso para que la ciudadanía conozca la existencia de esta acción popular. El demandante deberá gestionar su divulgación en un medio de comunicación con circulación o difusión en Mocoa y presentar las respectivas constancias ante el despacho judicial.

Sin embargo, la jueza Ana Pilar Vidal Uribe negó la medida cautelar que pretendía suspender integralmente la licitación, al considerar que todavía no existen elementos suficientes para demostrar una amenaza cierta, actual e inminente que justifique detener la contratación.
La providencia también señala que, en esta etapa procesal, no se encontraron elementos suficientes para inferir desviación de poder, favorecimiento indebido de algún oferente, direccionamiento contractual o corrupción administrativa. Esto no representa una decisión definitiva sobre el fondo de los cuestionamientos.
UNIPUTUMAYO tendrá diez días para contestar la demanda y deberá entregar el expediente administrativo completo, incluidos los estudios previos, soportes técnicos y financieros, pliegos, observaciones, respuestas y actuaciones registradas en SECOP II.
La contratación está relacionada con proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por un valor superior a $24.076 millones.
El proceso judicial abre un debate sobre las condiciones de contratación, la pluralidad de oferentes y el manejo de recursos públicos. Mientras avanza el trámite, la licitación no queda suspendida por esta decisión y las presuntas irregularidades deberán ser examinadas judicialmente.
👉elespia.co | Rastrea la noticia


