Putumayo, Colombia | EL ESPÍA
Una veeduría ciudadana pidió revisar de fondo el proceso mediante el cual ASOCAMPO fue seleccionada para operar programas de atención integral a la primera infancia en Putumayo.
La denuncia advierte presuntas inconsistencias en la acreditación de experiencia y requisitos habilitantes, especialmente por certificaciones relacionadas con suministro y compra de alimentos que, según la veeduría, no demostrarían experiencia específica en atención a la primera infancia.
El proceso, según fuentes consultadas por EL ESPÍA, superaría los $10.000 millones. La veeduría cuestiona además la falta de contratos, actas de ejecución, liquidaciones y soportes financieros que permitan comprobar plenamente la experiencia presentada.
La denuncia solicita establecer cómo el ICBF verificó la documentación de ASOCAMPO, si comprobó la autenticidad y ejecución de los contratos certificados y qué metodología utilizó para evaluar los requisitos antes de la selección.
También fueron puestos en conocimiento de las autoridades señalamientos sobre presuntas actuaciones posteriores dentro de la Regional Putumayo, entre ellas supuestas presiones, retención de pagos y seguimientos a funcionarios. Estos señalamientos no constituyen hechos comprobados y deberán ser verificados por las autoridades competentes.
La documentación fue remitida al ICBF, organismos de control y la Presidencia de la República. Ahora corresponderá establecer si existieron fallas administrativas, inconsistencias documentales o eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
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