Por Jairo Figueroa – EL ESPÍA
Las elecciones presidenciales dejaron un nuevo escenario político para Colombia y también un gran interrogante para el Putumayo: ¿qué le espera al departamento si parte de su representación en el Congreso decide ubicarse en la oposición al Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella?
La historia política del departamento demuestra que hacer oposición no es, por sí mismo, un error. Durante dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, el entonces representante Guillermo Rivera Flórez ejerció ese papel desde el Congreso. La oposición es legítima en una democracia; lo importante es que no termine convirtiéndose en un obstáculo para los intereses de la región.
Tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que Iván Cepeda fue derrotado por más de 245.000 votos, dos congresistas del Putumayo han quedado claramente en la orilla contraria del nuevo Gobierno: el representante Miguel Ángel Rubio y la senadora Sandra Chindoy, quien incluso antes de la posesión presidencial ha expresado una postura crítica frente a los anuncios del próximo Ejecutivo.
La senadora también ha cuestionado el respaldo del representante Jhon Fredy Valencia al bloque de congresistas de paz que decidió acompañar al nuevo Gobierno, pese a que varios de sus integrantes respaldaron la candidatura de Cepeda. Esa diferencia política ha abierto un debate sobre cuál debe ser el verdadero papel de los parlamentarios elegidos por el Putumayo.
De los cuatro congresistas del departamento, tres pertenecen a la Cámara de Representantes: Miguel Ángel Rubio, Diego Zambrano y Jhon Fredy Valencia. Mientras Rubio ha optado por la oposición, Valencia hace parte del grupo que acompañará al Gobierno, y Zambrano ha mantenido una posición distinta dentro del panorama político. En el Senado, Sandra Chindoy también se perfila como una de las voces críticas frente a la administración entrante.
La preocupación de muchos ciudadanos no radica en que existan posiciones políticas diferentes. Lo que inquieta es si esas diferencias terminarán afectando la gestión de proyectos fundamentales para un departamento históricamente relegado por el Estado.
Quienes respaldan a la senadora consideran acertada su vigilancia al nuevo Gobierno y sus cuestionamientos a otros congresistas. Sin embargo, otros ciudadanos recuerdan que el Gobierno saliente deja profundas críticas en asuntos como la implementación de la denominada Paz Total, la crisis del sistema de salud y los múltiples escándalos de corrupción que marcaron el debate nacional. En ese contexto, sostienen que el nuevo Gobierno merece la oportunidad de presentar sus políticas antes de enfrentar una oposición sistemática.
Los más de 420.000 habitantes de los trece municipios del Putumayo esperan que sus congresistas, independientemente de su posición política, trabajen por los intereses del departamento. El debate ideológico no puede estar por encima de las necesidades de una región que continúa enfrentando enormes desafíos sociales, económicos y de infraestructura.
Mocoa es quizá el mejor ejemplo. La reconstrucción de la ciudad, iniciada tras la tragedia de 2017 y que ha atravesado tres gobiernos nacionales, continúa sin alcanzar siquiera el 35 % de ejecución. Esa realidad exige que congresistas, autoridades locales y Gobierno Nacional trabajen conjuntamente para cumplir una deuda histórica con la capital putumayense.
La oposición fortalece la democracia cuando controla, vigila y propone. Pero pierde sentido cuando se convierte en un obstáculo para las soluciones que reclama una región. La verdadera pregunta no es quién está con el Gobierno o quién está en contra, sino qué beneficios concretos recibirán los putumayenses de la actuación de quienes fueron elegidos para representarlos.
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