Putumayo | EL ESPÍA
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró el pasado 27 de septiembre que sería enérgico contra la corrupción y que quienes se aprovechen de los recursos destinados a los niños tendrán que responder ante la justicia.
En Putumayo, esas palabras tienen un escenario concreto: un contrato superior a $10.000 millones para programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya adjudicación ha sido cuestionada por denunciantes que señalan la presunta presentación de certificaciones irregulares por parte del contratista.
Ahora aparecen nuevas inconformidades. Padres de familia y beneficiarios del programa para niños de cero a cinco años denuncian que los mercados entregados presentan, según sus testimonios, menor cantidad y baja calidad en algunos productos, frente a los suministrados anteriormente.
Si las denuncias sobre el proceso contractual y la entrega de alimentos tienen fundamento, las autoridades deberían establecer responsabilidades y proteger cada peso destinado a la alimentación de los menores.
El presidente habló de cárcel para quienes se roben los recursos de los niños. La pregunta es inevitable: ¿cuándo llegará esa mano firme al Putumayo?
Porque aquí no bastan los discursos. Los niños necesitan alimentos de calidad y los ciudadanos, respuestas.
¿Será que el tigre sí es como lo pintan?
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