Bogotá, Colombia – EL ESPÍA |
El pasado 30 de abril fue radicada la iniciativa legislativa para debate en la Comisión I de la Cámara de Representantes.
De aprobarse esta ley, denominada Ley Sara Millery, en homenaje a la joven trans Sara Millery, asesinada vilmente en abril en el municipio de Bello, Antioquia, marcaría un antes y un después en la historia del país. La joven fue víctima de un crimen atroz: criminales no contentos con fracturarle las extremidades, la lanzaron a un río y, lo peor, grabaron su sufrimiento en video para burlarse. Este hecho ha causado rechazo nacional y un profundo repudio en la comunidad LGTBI, a la cual pertenecen varios congresistas, entre ellos el representante del Putumayo, Jorge Andrés Cancimance, reconocido como firme defensor de los derechos de las personas con orientación sexual diversa.
La ponencia busca garantizar los derechos de las personas trans y no binarias en áreas como salud, educación, empleo, justicia e identidad cultural. Sin embargo, el trámite es crítico, debido a que la iniciativa también enfrenta oposición de algunos parlamentarios con posturas conservadoras.
De convertirse en ley de la República, esta medida permitiría levantar un censo sobre la población trans y no binaria, establecer sanciones por discriminación institucional y garantizar el reconocimiento de entidades de género diverso en los registros civiles.
Trascendió que el Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para aprobar al menos uno de los cuatro debates requeridos; de lo contrario, la iniciativa puede ser archivada, lo que encendería aún más la indignación de colectivos y activistas.
Miles de personas de esta comunidad ven en la aprobación de la ley una oportunidad histórica para saldar la deuda pendiente del país frente a la protección de las personas trans y no binarias. Ellos aseguran que su aprobación no solo representa un avance en derechos humanos, sino que reafirma y fortalece la democracia colombiana, construyendo una sociedad sin discriminación por identidad o expresión de género.
