Bogotá, Colombia – EL ESPÍA |
El representante a la Cámara por las víctimas del Putumayo, Jhon Fredy Valencia, ha elevado una alerta técnica sobre la crítica situación de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en su región. Según Valencia, pese a ser una herramienta estratégica del Acuerdo de Paz, su ejecución ha sido insuficiente y desarticulada, lo que limita profundamente el alcance de los objetivos de transformación estructural en territorios como el Putumayo.
De acuerdo con cifras oficiales, más del 70 % de los municipios del país —790 en total— han sido clasificados como zonas en riesgo por la Defensoría del Pueblo debido a la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO). Nueve de ellos se ubican en Putumayo. Si bien los PDET fueron concebidos como instrumentos de planeación participativa para el desarrollo rural integral, solo el 17,9 % del presupuesto asignado para su ejecución ha sido ejecutado a la fecha.
Violencia activa y baja ejecución: una combinación crítica
En los primeros siete meses de 2024, Putumayo ha enfrentado una alarmante intensificación del conflicto armado. El confinamiento forzado aumentó un 46,3 % respecto al 2023, y el reclutamiento forzado de menores se incrementó en un 552 % entre 2022 y 2023. Estas cifras confirman que, sin una ejecución presupuestal adecuada y una articulación institucional efectiva, la violencia seguirá superando la capacidad de respuesta del Estado.
Valencia enfatiza la necesidad de una respuesta multisectorial: “No se trata solo de seguridad. Se requiere inversión en infraestructura, acceso a tierras, proyectos sostenibles y justicia social”, señaló.
Proyectos productivos sin sostenibilidad y fallas institucionales
Otro de los aspectos críticos señalados por el congresista es la falta de sostenibilidad de los proyectos productivos en procesos de reincorporación. Aunque el 90,5 % de los excombatientes ha accedido a un proyecto, la mayoría son insostenibles y carecen de planes estructurados. De los 79 proyectos registrados, apenas 7 cuentan con estrategias de sostenibilidad claras.
Además, Valencia advierte sobre la opacidad en la gestión institucional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el IGAC, que no han respondido a los derechos de petición solicitando información sobre el estado de la restitución de tierras. Esta falta de trazabilidad impide avanzar en el componente rural del Acuerdo de Paz.
Reparación a víctimas: más de medio siglo de espera
En materia de reparación, las cifras revelan una deuda histórica con las víctimas. Solo el 17,3 % ha sido indemnizado y, al ritmo actual, el proceso tomaría más de 52 años. “Es inadmisible que quienes más han sufrido tengan que esperar generaciones para recibir justicia”, afirmó el representante.
Una prórroga aprobada, pero no suficiente sin ejecución
Valencia destacó la aprobación en tercer debate por parte de la Comisión Primera del Senado del proyecto que extiende los PDET por 10 años más. Esta ampliación —impulsada por las curules de paz— busca garantizar la sostenibilidad de los procesos de transformación territorial, especialmente en regiones como Putumayo.
“La prórroga es un paso necesario, pero sin ejecución real y voluntad política, seguirá siendo letra muerta”, advirtió. El congresista también señaló que esta extensión representa una oportunidad para cerrar brechas estructurales, mejorar condiciones de vida y evitar el resurgimiento de dinámicas de violencia.
Conclusión técnica
El caso de Putumayo refleja la desconexión entre la planeación normativa y la ejecución real del Estado en territorios PDET. El bajo rendimiento presupuestal, la falta de sostenibilidad de los proyectos productivos, y la ausencia de articulación interinstitucional comprometen seriamente los objetivos de paz. La postura del representante Jhon Fredy Valencia posiciona el debate no solo en términos políticos, sino en indicadores concretos de gestión pública y derechos humanos, elementos clave que deben marcar el rumbo de la política de paz total
