Mocoa, Putumayo – EL ESPÍA |Por Jaiver López
El resguardo indígena Condagua y la multinacional Libero Cobreconcluyeron el proceso de consulta previa para la exploración de cobre en las montañas del Putumayo, una región donde confluyen los Andes y la Amazonia. El acuerdo, adelantado bajo supervisión del Ministerio del Interior, permitirá a la empresa continuar con sus actividades exploratorias en un área que se superpone con territorio indígena.
La consulta se realizó por orden judicial, luego de una tutela interpuesta por la comunidad Condagua, que exigía su derecho a participar en las decisiones sobre el uso de su territorio ancestral. Según documentos revelados por La Silla Vacía, el proceso se desarrolló entre agosto y septiembre de este año, concluyendo con la firma de compromisos en educación, inversión social y fortalecimiento de autoridades indígenas.
El proyecto de Libero Cobre busca determinar la viabilidad técnica y económica para la explotación de cobre y molibdeno, minerales considerados estratégicos por el Gobierno Nacional en el marco de la transición energética.
Sin embargo, el avance de la iniciativa ha generado rechazo entre comunidades locales, organizaciones ambientales y sectores académicos, que advierten sobre los riesgos ecológicos de desarrollar minería en una zona de alta biodiversidad.
Los títulos mineros del proyecto se traslapan con una reserva forestal declarada por Corpoamazonia y con parte del resguardo Condagua, aunque la empresa asegura haber recortado algunas áreas de sus concesiones originales.
A ello se suma la resolución de Corpoamazonia que declaró más de 93.000 hectáreas de Mocoa como zona de interés ambiental, donde la minería está restringida por su potencial de causar daños irreversibles. En paralelo, el Ministerio de Ambiente trabaja en una propuesta para declarar parte de la Amazonia colombiana como zona libre de minería y petróleo, lo que podría frenar el desarrollo del proyecto.
Aunque la firma de la consulta previa representa un paso legal importantepara Libero Cobre, el debate jurídico y ambiental continúa abierto. El futuro del proyecto dependerá de cómo las autoridades interpreten las nuevas restricciones y de la capacidad de la empresa para cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas.
