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    Sin alternativa ni esperanza: la AndinoAmazonía al borde del colapso económico por decreto de MinAmbiente

    Mocoa, septiembre – EL ESPÍA

    Un proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente amenaza con paralizar la vida económica de todo el suroriente del país. La iniciativa busca declarar como Área de Protección y Restauración Ambiental de la Amazonía (VPNA) a la totalidad de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas y grandes zonas del Meta y Vichada.

    El golpe sería demoledor: 42% del territorio nacional convertido en reserva ambiental permanente, bloqueando nuevas actividades legales del sector minero-energético y agroproductivo. Y lo más grave: sin consultas, sin presupuestos y sin alternativas reales para las comunidades.

    Un decreto sin participación, sin transición y sin justicia social

    Alcaldes, líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes estallan contra el MinAmbiente: “Nunca fuimos consultados”. La medida viola la Ley 99 de 1993, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.

    No hay planes de transición, cronogramas, ni recursos. Solo un mapa, un decreto y una condena: desempleo, desplazamiento forzoso y más ilegalidad.

    Criminaliza lo legal, ignora lo ilegal

    La deforestación amazónica, según IDEAM y la Contraloría, se debe a:

    • Ganadería extensiva descontrolada
    • Cultivos ilícitos
    • Tala ilegal
    • Minería criminal
    • Acaparamiento de baldíos

    Pero el decreto golpea a quienes cumplen la ley: proyectos mineros responsables, hidrocarburos regulados e iniciativas agroforestales que sí tienen licencias y seguimiento.

    El resultado: se castiga lo legal y se fortalece lo ilegal.

    Un golpe directo a la economía local

    En regiones donde el 40% del empleo ya es informal, eliminar las pocas fuentes de trabajo regulado es un suicidio económico. Transportadores, campesinos, comunidades indígenas y jóvenes quedarían sin horizonte.

    Lo que se anuncia como protección ambiental podría convertirse en un colapso económico y social de la AndinoAmazonía, disfrazado de conservación.

    El clamor es uno: la Amazonía no se protege desde un escritorio en Bogotá, sino con justicia social, verdad territorial y respeto a quienes la habitan.

    La resolución estará publicada para comentarios hasta el 12 de octubre en la página del MinAmbiente.

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