Neiva, Huila – EL ESPÍA
El todopoderoso del transporte en el sur, Armando Cuéllar, pasó de ser liquidador a convertirse en amo y señor de Coomotor. Su influencia se extendió como mancha de aceite: negocios en terminales, tentáculos en la política y favores en campañas. Su respaldo económico a la campaña de Gustavo Petro no quedó gratis: a cambio lo sentaron en la Cámara de Comercio de Neiva, su hija Nika Cuéllar (ex candidata al Senado por el Pacto Histórico) quedó al frente de la Electrificadora del Huila, y su yerno, Lester Garrido, terminó como jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la región.
Desde entonces, el negocio de tierras para la reforma agraria huele a podrido. En el Huila ya son 3.500 hectáreas bajo la lupa, compradas con valores inflados, en zonas prohibidas o cedidas a grupos étnicos de otros departamentos.
• Paraíso (Gigante, 220 ha): la ANT pagó $5.253 millones, es decir, $23,7 millones por hectárea, cuando el valor real no superaba los $8 millones. Parte del predio está dentro del parque natural Miraflores Rigoberto Urriago. Allí instalaron a 49 familias nasa del Cauca.
• Mañanitas (Garzón, 54 ha): comprado en $1.006 millones pese a que el 97 % es bosque protegido. Entregado a guambianos del Cauca sin resguardo legal.
• Santa Helena (Baraya, 666 ha): pasó de valer $350 millones en 2016 a venderse en 2024 por $5.550 millones. Campesinos denuncian que solo el 10 % se puede cultivar.
• La Quinta (Baraya, 108 ha): comprada en 2022 por $110 millones y revendida en 2024 a $1.353 millones. Un negocio redondo: 12 veces más.
• El Vaticano (Baraya, 1.288 ha): costó $10.866 millones pese a que no tiene agua y sus suelos están degradad
• Versalles (La Argentina, 48 ha): el 94 % está en conservación. En 2009 valía $7 millones y en 2023 se infló a $247 millones.
• La Guandinosa (San Joaquín, 950 ha): vendida en 2024 por $32.051 millones, cuando en 2011 apenas costaba $1.602 millones. Más de la mitad es tierra inútil.
El 17 de septiembre, en la Comisión Quinta de la Cámara, el director de la CAM, Camilo Agudelo, destapó estas compras. La ANT guardó silencio.
Mientras tanto, el Gobierno saca $31.000 millones para financiar marchas, y con Petro y Harman de escuderos, intentan enterrar el escándalo de un modelo perverso: ricos que botan sus tierras inútiles y el Estado que las paga como tesoros.
