Mocoa, Putumayo | EL ESPÍA
Las familias damnificadas de la avenida torrencial de Mocoa, ocurrida el 31 de marzo de 2017, siguen sin recibir las viviendas prometidas. Hoy aseguran vivir una nueva tragedia: el abandono y la desidia estatal.
El reciente desalojo del predio Sauces II, que ocupaban ante el incumplimiento en la entrega de las casas, reabrió las heridas de los sobrevivientes. Para muchos, este nuevo golpe ha sido peor que la propia avalancha.
Más de 120 familias, cansadas de promesas incumplidas de la UNGRD, salieron del lugar sin rumbo y sin esperanza.
El abogado de víctimas, Hernando Huaca, explicó:
“Entre el 11 y el 15 de noviembre, la alcaldía de Mocoa desalojó a un grupo de personas que se habían tomado el asentamiento. Los desalojaron sin garantías. Estas personas hoy no tienen cómo pagar arriendo ni alimentación, y muchos tuvieron que regresar a sus lugares de origen”.
El sitio donde vivían más de 360 personas, pertenecientes a las 909 familias que siguen esperando vivienda, hoy permanece cercado por la empresa encargada del proyecto.
Varias personas desalojadas, como Doris Canamejoy, quien vende picadas para poder pagar su arriendo, contaron su situación:
“Seguir rodando con nuestros hijos… El gobierno nunca ha cumplido con la vivienda digna que supuestamente nos iba a dar”.
Las historias se repiten. Familias que pasaron años en los lotes y hoy sienten que el Estado las revictimizó nuevamente.
María Pascal, damnificada de 2017, expresó:
“Y si no hacen caso a uno, ¿qué? No podemos hablar nada. Ahí está esa pobre gente sin casa ni nada”.
Desde la comunidad, Libio Bolaños, habitante de Mocoa, añadió:
“Lamentamos cuántos años han pasado y ningún Presidente o Alcalde ha hecho algo. Los sacaron como animales. Si iban a hacer la invasión, debieron decirles qué solución había”.
El asentamiento de familias damnificadas está hoy en total incertidumbre. Saben que al gobierno actual le quedan solo ocho meses, y temen que tampoco verán sus viviendas.
Intentamos contactar al alcalde Carlos Hugo Piedrahíta y al encargado de la UNGRD, Óscar Flórez, pero no fue posible ubicarlos.
Mientras las promesas se acumulan y los días pasan, 1.256 familias de Mocoa continúan sin un hogar digno, reviviendo una tragedia que el Estado sigue sin resolver.
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