Por Jairo Figueroa, Cortesía Blu Radio
Al corregimiento de La Tagua, en el municipio de Leguízamo, llegaron las primeras tres familias que huyeron ante el temor de quedar atrapadas en medio del fuego cruzado entre grupos ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico desde Colombia hacia Ecuador, Perú y Brasil, a través de los ríos Caquetá y Putumayo.
El éxodo se desató tras la circulación de un audio en WhatsApp, en el que un jefe de la disidencia, identificado como “Raúl Reyes”, quien dice ser miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC-EP), ordena el desalojo de las viviendas ocupadas por indígenas de las etnias Murui Muina, de los cabildos Belén, Guaquirá y Humancia, pertenecientes al resguardo Previo Putumayo, en el municipio de Puerto Leguízamo, en límites con el departamento del Amazonas.
“…que desocupen los caseríos de inmediato por motivos del orden público. No somos responsables de cualquier cosa que llegue a pasar”.
La amenaza de nuevas confrontaciones armadas por parte de la disidencia de alias Calarcá y Karolina Ramírez, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, desató el pánico en las comunidades, obligándolas a abandonar sus casas.
Al cierre de este lunes, los gobiernos de Putumayo y Amazonas realizaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar la crisis y buscar un corredor humanitario que permita la salida de al menos 88 familias, que no han podido evacuar por la acción directa de los grupos armados, quienes les han confiscado los motores y cortado el suministro de combustible.
El Secretario de Gobierno del Putumayo, Luis Fernando Palacios Alomia, alertó sobre la gravedad de la situación:
“De esas 88 familias, solamente han llegado tres a La Tagua. Las otras no han podido salir porque les quitaron los motores y no tienen combustible; están confinadas por los grupos armados. Ese es el inconveniente que tenemos en este momento”.
Por su parte, la Alcaldía de Puerto Leguízamo, liderada por Luis Emilio Bustos y el Secretario de Gobierno, Carlos Arbey Claros, adelanta acciones urgentes para atender el inminente desplazamiento de más de 300 personas procedentes del predio Putumayo.
La alteración del orden público en este municipio, rodeado por los ríos Caquetáy Putumayo, se ha agudizado también por las operaciones militares del Gobierno, que intentan dar con el paradero de alias Calarcá, quien ha logrado evadir el accionar de la fuerza pública.
El Gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, espera gestiones humanitarias por parte del Alto Comisionado para La Paz, Otti Patiño, para que intervenga ante las disidencias de alias Calarcá, con las que esta semana inicia diálogo en la zona del Catatumbo, específicamente con el Frente 33.
