Mocoa, Putumayo – EL ESPÍA |
Un contundente fallo judicial ordenó a Corpoamazonia suspender la expedición de la resolución que fijaba las determinantes ambientales para Mocoa, tras comprobar que la entidad no surtió el proceso de consulta previa con el Pueblo Inga.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa concluyó que estas determinantes afectan directamente la vida, la cultura y el territorio indígena, y advirtió que ninguna norma ambiental puede imponerse desconociendo la diversidad étnica ni la autonomía de los pueblos originarios. La decisión ordena a Corpoamazoniaabstenerse de avanzar en el trámite hasta que el Ministerio del Interiordetermine formalmente la procedencia de la consulta previa, e instruyó a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Mocoa a vigilar el estricto cumplimiento de la medida.
Paralelamente, se tramitan tutelas interpuestas por comunidades campesinas, que denuncian que tampoco se ha respetado su derecho a la participación ni al debido proceso. Los demandantes advierten que la declaratoria de más del 70 % del municipio de Mocoa como reserva ambiental podría traducirse en pérdida de predios, afectación a las economías campesinas y un freno al desarrollo rural.
Estas denuncias se suman a la alerta emitida recientemente por la Red de Veedurías de Colombia, cuyo presidente, Pablo Bustos, advirtió que Corpoamazonia pretende modificar instrumentos de ordenamiento ambiental bajo el argumento de una “compilación y actualización” sin participación ciudadana ni consulta previa. La organización pidió a la Procuraduría activar controles, e insistió en que las actuaciones de la corporación desconocen la Constitución, la Ley 99 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT, además de vulnerar el debido proceso y el principio de buena fe.
El pronunciamiento judicial y la presión social ponen en el centro del debate la legitimidad de las actuaciones de Corpoamazonia. Tanto líderes indígenas como campesinos coinciden en que la protección de la Amazonía no puede construirse desconociendo la autonomía territorial, la seguridad jurídica de la tierra y los derechos constitucionales de participación.
De no corregirse el rumbo, esta resolución puede convertirse en un nuevo foco de conflictividad social en Putumayo, al enfrentar a comunidades indígenas y campesinas con la institucionalidad ambiental. La justicia ya dio una señal: cualquier decisión sobre la Amazonía debe construirse con la gente, no a espaldas de ella.
